Amnistía Internacional exige “despenalización completa del aborto” en El Salvador

, 07 Abr. 21 (ACI Prensa).- La plataforma internacional Aministía Internacional exigió a los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador la “despenalización completa del aborto” en el país.

En una carta remitida a los diputados salvadoreños publicada este 7 de abril por el diputado provida Ricardo Andrés Velásquez Parker, Amnistía Internacional criticó que "El Salvador es uno de los últimos países del mundo que prohíbe totalmente el aborto”.

“En su país se les imponen condenas muy severas a las mujeres que han optado por el aborto y a las personas que les hayan ayudado o participado en dicho aborto”, dijo la ONG internacional.

El aborto en El Salvador está prohibido y la Constitución reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

El Código Penal de El Salvador determina que la mujer que se somete a un aborto de forma voluntaria, o quien lo provoca, tiene una pena de entre dos y ocho años.

Actualmente no hay casos de mujeres en cárcel en El Salvador tras una condena por aborto.

Amnistía Internacional menciona además el caso de Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña, liberada en 2018 tras una década en la cárcel.

Para Amnistía Internacional, la liberación de Vásquez Saldaña “no es suficiente teniendo en cuenta que Teodora todavía no ha sido declarada inocente”.

Además, exigió que a Teodora se le aplique una “amnistía total” e “indemnización por los años de encarcelamiento que se le impusieron tan injustamente”.

El caso de Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña es uno de los que han manipulado los promotores de la legalización del aborto en El Salvador, como parte de su campaña “Las 17”.

Según los promotores del aborto, “Las 17” son mujeres encarceladas injustamente por el delito de aborto. Sin embargo, una revisión detallada de estos casos, recopilados por la Fundación VIDA SV, evidencia que se trata de mujeres que asesinaron a sus bebés recién nacidos.

De acuerdo a la sentencia a 30 años de cárcel de Vásquez de Saldaña, la mujer abandonó a su hija recién nacida dentro del tanque de agua de un baño en una escuela.

En declaraciones para ACI Prensa, Sara Larín, fundadora de VIDA SV, precisó que “la liberación de Teodora Vásquez fue una Conmutación de Pena, una figura jurídica a la que pueden acceder todos los privados de libertad para obtener una condena menor”.

“Este tipo de indulgencias no significa que se haya demostrado que el prisionero es inocente”, sino que “sigue siendo culpable del crimen por el que se le ha condenado”, señaló.

“La conmutación únicamente convierte la pena en menos gravosa y puede ser por diferentes motivos, desde buen comportamiento en el centro penitenciario hasta por razones de salud”, añadió.

Sin embargo, advirtió Larín, “Amnistía Internacional ha sido una de las organizaciones que más ha mentido al mundo, afirmando que a Teodora se le dejó en libertad por haber sufrido un aborto espontáneo”.

Se trata, continuó, de “una completa mentira. Su bebé recién nacida fue encontrada muerta dentro del tanque de agua de un inodoro dentro del centro educativo donde ella trabajaba”.

“Las feministas ya habían solicitado el indulto de Teodora en el 2015 y la Corte Suprema de Justicia se lo negó debido a las negativas del informe criminológico  del penal”, dijo. “Fue por eso que se involucró en el programa YO CAMBIO de reinserción penitenciaria y finalmente en el 2019 logró que le concedieran una conmutación”.

“A nosotros, como movimiento provida, nos alegra saber que Teodora ha respondido al programa de readaptación y que puede involucrarse nuevamente en la vida social con la condición de que respete toda vida humana”, señaló.

Pero lo que lamentan y condenan, añadió, “es que su caso sea manipulado por Amnistía Internacional y grupos feministas para presionar con el negocio del aborto”.

“Y además tener la osadía de reclamar indemnización por aplicar la justicia sobre un crimen cometido hacia una bebé recién nacida que tenía derecho a vivir”, dijo.

Larín denunció además “la injerencia de organizaciones extranjeras para forzar cambios en la legislación interna”.

“Los diputados deben cumplir con la Constitución, no beneficiar agendas políticas de grupos de poder”, aseguró.

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