Justicia investiga vulneración de libertad religiosa en España durante la pandemia

MADRID, 09 Abr. 21 (ACI Prensa).- Un Juzgado de Madrid ha iniciado una investigación por un presunto delito contra la libertad religiosa en España durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Según informó la Asociación de Abogados Cristianos por medio de un comunicado, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid ordenó abrir diligencias contra José Manuel Franco, político del PSOE (Partido Socialista) y antiguo delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

La apertura de diligencias se produce como resultado de la denuncia de dicha Asociación contra el ex delegado del Gobierno después de que durante el Domingo de Pascua de 2020 la Policía Municipal de Madrid interrumpiera una Misa celebrada en la entrada de la iglesia de San Jenaro, en la capital de España, y sancionara al sacerdote y a su ayudante.

La Misa se estaba retransmitiendo por internet debido a que el confinamiento estricto decretado en España en aquel momento, durante la vigencia del Estado de Alarma por la pandemia de coronavirus, imposibilitaba la asistencia de los fieles a las ceremonias religiosas.

Según la denuncia presentada por Abogados Cristianos, los policías habrían obligado al sacerdote a interrumpir la Misa y a retirar el altar en cumplimiento de instrucciones dadas por la Delegación del Gobierno que, de esa manera, habría incurrido en un delito de “interrupción de culto”, que figura en el artículo 523 del Código Penal español.

Además, Abogados Cristianos, en su denuncia, recuerda que en el mismo Real Decreto en virtud del cual se declaró el Estado de Alarma, señalaba en el artículo 11 que “la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

Asimismo, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subrayó que “en el Real Decreto había un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encontraban las iglesias u otros lugares de culto análogos”.

Según ese argumento, Polonia Castellanos concluye que el gobierno español “ha aprovechado la pandemia para vulnerar ilegalmente derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a la libertad religiosa”.

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