Sacerdote critica “consulta popular” impulsada por López Obrador para el 1 de agosto

, 29 Jul. 21 (ACI Prensa).- El P. José Manuel Suazo, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, criticó la “consulta popular” que se realizará este 1 de agosto, impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A través de Twitter, el P. Suazo dijo que “la consulta del próximo domingo 1 de agosto de 2021, costará 528 millones de pesos (alrededor de 26 millones de dólares); lo que preguntan es tan rebuscado que nadie sabe exactamente qué significa, parece más bien un distractor”.

Este 1 de agosto, más de 93.5 millones de mexicanos podrán participar en la primera “consulta popular” organizada por el Instituto Nacional Electoral e impulsada por López Obrador, para definir si la población está de acuerdo con “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

López Obrador propuso la consulta ciudadana al Senado el 15 de septiembre de 2020, con un texto diferente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

El Senado remitió el texto propuesto por López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo reformuló a su versión actual.

Mientras que algunos promueven la consulta ciudadana como un camino para “enjuiciar” por corrupción a los predecesores de López Obrador, la propia SCJN descartó esto.

En un artículo publicado en el diario mexicano Milenio en octubre de 2020, Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN aseguró que “la justicia no se consulta”.

“Aunque con distintos enfoques y por distintos caminos, las ministras y ministros coincidimos en que, conforme a nuestro orden constitucional, la investigación, persecución y sanción de los delitos no puede estar sujeta a los resultados de una consulta popular; se trata de funciones que se ejercen mediante facultades obligatorias o regladas, que no dependen de la opinión de las mayorías”, dijo.

El P. Suazo coincidió en su crítica: “la ley no se consulta, se aplica”.

“Si alguien cometió un delito, debe enfrentar la ley”, expresó.

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