Obispos piden medida humanitaria para defensores de DDHH presos en Venezuela

, 19 Oct. 21 (ACI Prensa).- Los obispos de Venezuela solicitaron al régimen de Nicolás Maduro una medida humanitaria, por razones de salud, a favor de tres defensores de derechos humanos que fueron detenidos sin orden judicial en julio, acusados de “difamaciones”, y que en la cárcel se han contagiado de COVID-19.

Javier Tarazona, es docente universitario, investigador y defensor de derechos humanos.

Desde hace casi 20 años ha llevado ha formado centenares de lideres sociales en comunidades vulnerables de Venezuela.

Está detenido arbitrariamente, exigimos su inmediata lieberación. pic.twitter.com/FEapECg7u3

— FundaREDES (@FundaREDES_) October 19, 2021

Así lo indicaron los prelados en un comunicado del 18 de octubre de la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado venezolano, presidida por Mons. Roberto Lückert León.

En la nota, los obispos también exigieron “el respeto al trabajo de los defensores de los derechos humanos en el territorio nacional”, así como “información fidedigna y oportuna de las condiciones de salud y jurídicas” en las que se encuentran.

El comunicado se refiere a los “defensores de derechos humanos Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar De Dios García” de la ONG Fundaredes, detenidos desde julio pasado en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

El texto explica que los tres fueron detenidos “en el ejercicio de las labores de denuncia y promoción de derechos humanos como activistas en temas que resultan de particular sensibilidad”.

El arresto se produjo “precisamente en la sede del Ministerio Público cuando Javier Tarazona”, director de Fundaredes, “se encontraba denunciando actos de seguimiento y amedrentamiento por parte del mismo cuerpo de seguridad del Estado que practicó estas detenciones”.

Según informa Efe, antes de su detención, Javier Tarazona y sus dos compañeros presentaron varias denuncias en la Fiscalía para que se investigara la supuesta relación del Estado con dos grupos guerrilleros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), situación que el Ministerio Público calificó de “difamaciones”.

A falta de datos oficiales, Javier Tarazona informaba sobre los enfrentamientos en marzo entre los militares y un grupo de disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia), que se prolongó durante dos meses, dejando varios muertos.

El 1 de octubre, el presidente de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que por cuarta vez se difería la audiencia preliminar de los miembros detenidos de Fundaredes.

En su comunicado del 18 de octubre, los obispos venezolanos recordaron que la detención de los activistas fue sin orden judicial y ejecutada por “funcionarios del mismo cuerpo de seguridad del Estado que estaban siendo denunciados”.

En el texto recordaron que “los distintos instrumentos de protección de los derechos humanos garantizan el debido proceso de las personas detenidas” y que se “debe asegurar una defensa adecuada que permita que las personas acusadas tengan contacto regular con su representante legal”.

Los prelados explicaron que solicitan la medida humanitaria porque los detenidos se encontrarían en condiciones inadecuadas y se han contagiado de coronavirus. “Han sido trasladados a un centro de atención médica que los familiares desconocen con exactitud y se les ha negado información sobre su estado de salud”, denunciaron.

“Que nuestro Señor Jesucristo, justo juez y defensor de las almas tenga misericordia de estos hermanos”, concluye el comunicado.

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