7 policías rodean a embarazada por rezar delante de un negocio de aborto en España

, 19 Sep. 22 (ACI Prensa).- La iniciativa Rezar No Es Delito ha denunciado que al menos siete policías rodearon a una mujer embarazada que se puso a rezar de rodillas delante del negocio abortista Dator en la capital de España. 

La mujer, María Sánchez, cumple este lunes las 39 semanas de embarazo y su marido José Manuel Menéndez ha denunciado que no le permitieron quedarse junto a ella. 

“Es un abuso de autoridad”, explicaba momentos después de que fuera retirado del lado de su mujer por la fuerza, según denuncia la plataforma Rezar No es Delito. “Le han dicho que la mujer se libraba por estar embarazada, sino ‘la llevaban a rastras a calabozo’”, detallan.

Al marido de la mujer embarazada le han cargado violentamente contra un furgón policial, ha sido retenido y le han prohibido acercarse a rezar con su mujer.

Le han dicho que la mujer se libraba por estar embarazada, sino "la llevaban a rastras a calabozo". https://t.co/ssaq3mU9fU

— Rezar No Es Delito (@RezarNoEsDelito) September 17, 2022

UNA mujer embarazada de 9 meses de gestación, acorralada por SIETE agentes de la Policía Nacional por comisión de delito de desacato de autoridad y acoso.

Hace poco rezábamos por Nicaragua. Hoy pedimos oraciones por España. La policía política.

Juzguen ustedes mismos. https://t.co/uYxxOYYoMJ

— Rezar No Es Delito (@RezarNoEsDelito) September 17, 2022

Los hechos sucedieron según los denunciantes después de que un amplio dispositivo de la Policía Nacional impidiera al grupo Rezar No Es Delito desarrollar la convocatoria del rezo del Rosario desde un punto cercano hasta el centro abortista.

A pesar de habernos identificado y, sin querer ver el papel de manifestación convocada legalmente, nos han prohibido avanzar hasta el lugar de destino: abortorio Dator.

Siete agentes de Policía Nacional haciendo de barrera para que no pasemos. pic.twitter.com/PHPTrIOb2M

— Rezar No Es Delito (@RezarNoEsDelito) September 17, 2022

Según la plataforma, la convocatoria del acto fue comunicada conforme a lo previsto en la ley el pasado 27 de agosto de 2022 a las 22:12 a la Delegación del Gobierno. 

ACI Prensa cuenta en su poder con una imagen donde figuran remitente, destinatario, hora y comunicación adjunta que corroborarían lo afirmado por Rezar No Es Delito.

De ser así, el trámite estaría cumplimentado 21 días antes del día del acto, el pasado 17 de septiembre conforme a la ley, que prevé un mínimo de 10 días de antelación.

El Director de Comunicación de la Delegación del Gobierno en Madrid, Felipe Serrano López de Coca asegura en declaraciones a ACI Prensa que no fue así. 

“La Delegación del Gobierno niega que se haya recibido la comunicación”, afirma Serrano, quien detalla que a la concentración acudieron 40 personas y que 25 de ellas fueron identificadas por miembros de la fuerza pública.

Serrano no ofrece detalles sobre el amplio dispositivo policial previo y el hecho de que una mujer embarazada fuera rodeada de policías a las puertas del abortorio. 

El portavoz de la Delegación del Gobierno en Madrid afirma en concreto desconocer por qué se desplegó la Policía Nacional desde primera hora de la mañana, al no ser un dispositivo activado por la propia Delegación. 

Al mismo tiempo, rechazó dar detalles sobre la circunstancia particular de la embarazada y su marido “porque es una actuación policial”. 

Es curioso que los agentes alegaran que no habíamos convocado legalmente la manifestación, ya que llevaban desde las 10 de la mañana esperando nuestra llegada. Cuando el Rosario estaba convocado a las 11h30. pic.twitter.com/tLgClPaaY2

— Rezar No Es Delito (@RezarNoEsDelito) September 17, 2022 Zonas de exclusión y multas para los provida

El pasado mes de abril entró en vigor una modificación del Código Penal por la que se establece “pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días” para quien, a juicio del legislador, menoscabe la libertad de las madres que se dirigen a un centro de aborto. 

En concreto, el Código Penal se refiere a la persona que “para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”.

El pasado mes de julio se conoció que María Sánchez y otro voluntario de Rezar No Es Delito fueron multados con sanciones de unos 600 dólares tras ser identificados en la convocatoria celebrada en junio. 

Las sanciones, por la vía administrativa, no se justifican en esta modificación penal, sino alegando el incumplimiento a la Ley de Seguridad Ciudadana al entender que la comunicación en aquella ocasión se hizo fuera de plazo. 

Los convocantes alegan que existe la posibilidad de la convocatoria de urgencia, a la que se acogieron los convocantes debido a que el Gobierno había lanzado esa semana un nuevo periodo de consultas para liberalizar aún más el aborto en España.

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